El PP obligará a Sánchez a retratarse sobre los favores a etarras a cambio del apoyo de Bildu

El Partido Popular prepara una ofensiva parlamentaria para obligar a Pedro Sánchez a posicionarse ante los beneficios a etarras que reclama Bildu, partido que se ha convertido en uno de los socios preferentes del Gobierno. Así, los populares llevarán al Pleno del Congreso en las próximas semanas la proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a evitar «el blanqueo de los crímenes de ETA, de los presos de la organización terrorista y de sus herederos políticos», además de «garantizar el derecho a la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas».

El debate de esta iniciativa aún no ha sido previsto en el calendario parlamentario aunque, en todo caso, se prevé que se produzca en pleno curso de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno estima que sus cuentas públicas serán aprobadas de manera definitiva a finales de diciembre para que puedan entrar en vigor a principios del próximo año. Hasta entonces el Ejecutivo tendrá que negociar las posibles enmiendas parciales de los grupos.

El Ejecutivo espera apoyarse en la mayoría del año pasado para sacar adelante estas cuentas, que prevén el mayor gasto público de la historia.  Entonces, los partidos de la coalición obtuvieron el respaldo de ERC, PNV, Bildu, PDeCAT y Más País, además de los diputados de Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. Bildu, ERC y el PNV renunciaron a presentar enmiendas en el Senado, lo que facilitó la aprobación definitiva.

El Gobierno ha legitimado por completo a la formación de Arnaldo Otegi como interlocutor necesario para sostener la legislatura. Los proetarras han centrado su presión pública a Sánchez en la derogación de la reforma laboral, que consideran una condición «muy seria» para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la meta más simbólica de Bildu pasa sin duda por la política penitenciaria, donde ya han recogido abundantes gestos por parte de Sánchez como el acercamiento de todos los presos etarras.

En plena polémica por las revelaciones de Otegi -«Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos»- el Partido Popular quiere que Sánchez se pronuncie sobre las ventajas a terroristas.

Iniciativa del PP

En la proposición no de ley se pide así, en concreto, todo un blindaje legal para dificultar que los presos obtengan beneficios penitenciarios si no muestran «signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir» en actos delictivos «y colaboren activamente para impedir la producción de otros delitos análogos» así como «el esclarecimiento de los que pudieran tener conocimiento».

Estas condiciones tendrán que acreditarse, sostienen desde el PP, mediante informes de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y de actividades de asociaciones y
colectivos ilegales que la rodean, y la colaboración con las autoridades.

También se exige la modificación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para evitar «su uso arbitrario» además de «los agravios comparativos entre presos e impedir que se pueda abrir la puerta a la impunidad de los condenados».

Según la modificación que plantean los de Pablo Casado, se deberá asegurar que «el modelo de ejecución previsto en este artículo sea realmente excepcional e individualizado y en todo caso exija como condición imprescindible para ser aplicado que el penado reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento, abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena». «En todo caso no podrá aplicarse sin la aprobación previa del Juez de Vigilancia Penitenciaria».

Entre otras medidas, piden también que se modifique la ley de financiación de partidos políticos para que aquellos «que tengan dirigentes condenados por delitos de terrorismo, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos». Y «excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia».

El PP, además, registró la pasada semana la petición de comparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero. Al primero le reclaman explicaciones sobre «los nuevos pasos en la política de beneficios penitenciarios concedidos a los presos terroristas de ETA y su relación con los pactos parlamentarios con Bildu». Y a Montero sobre «las cesiones que ha comprometido» el Gobierno con los de Otegi a cambio de su apoyo a los Presupuestos.

Desde Bildu, mientras, se refuerza la presión a Sánchez en materia penitenciaria. Otegi, junto a Oriol Junqueras (y otros presos indultados del procés) y representantes de Podemos, JxCat y PNV encabezó este sábado una marcha para reclamar beneficios penitenciarios a los etarras. Pide que se aplique la legislación ordinaria, que permitiría que 50 presos obtuviesen la libertad condicional.